Atendiendo a los informes que ha publicado y difundido el Gobierno, así como a los datos de ejecución presupuestaria que, mensualmente, pone a disposición la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se puede realizar una estimación general sobre el estado de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en España.
Conviene recordar, antes de comenzar, las cuantías previstas en el Plan de Recuperación. La cuantía inicial ascendía a 69.528 M€ no reembolsables (independientemente de cómo se utilicen a nivel nacional, se trata de cuantías que no deben devolverse); a esta cuantía se le suman otros 7.706 millones de euros no reembolsables por el cálculo final del MRR realizado en junio de 2022. Estos se gestionarán, junto a los fondos RepowerEU y el tramo reembolsable de los fondos, de acuerdo con la adenda que se está negociando en estos momentos.
Fuente: Afi, Moncloa
Actualmente, existe cierta confusión sobre lo que se entiende por “fondos ejecutados” en los análisis. Los datos oficiales que tenemos hasta el momento sobre ese tema son:
- Los presupuestos definitivos, que indican cuanto se espera gestionar cada año.
- Las cuantías autorizadas, comprometidas y reconocidas.
- Los pagos realizados para satisfacer las obligaciones reconocidas previamente.
Bajo las obligaciones reconocidas por la AGE, se pueden incluir aquellos fondos ya destinados a las convocatorias de ayudas y subvenciones, así como los fondos que la Administración General del Estado (AGE) se ha comprometido a transferir a las comunidades autónomas para que estas los gestionen y ejecuten.
Fuente: Intervención General de la Administración del Estado
Por lo tanto, que los fondos se encuentren reconocidos por la IGAE como “obligaciones”, no implica que estos hayan llegado a manos de sus destinatarios finales; puede ocurrir que estos fondos estén pendientes de ser convocados por las Comunidades Autónomas, por ejemplo. En el caso de que esos fondos sí hayan sido convocados y concedidos, tampoco implica que hayan llegado a empresas, dado que también pueden ser beneficiarias otras entidades como por ejemplos entidades locales o universidades.
De forma similar ocurre si se analizan los pagos realizados, es un indicador que puede resultar confuso dado que incluye transferencias a Comunidades Autónomas. También dificulta el análisis el hecho de que, en algunos proyectos, el pago se realice de forma anticipada mientras que en otros se hace una vez acabadas todas las actuaciones. Un pago realizado puede implicar el fin de una actuación, el comienzo de ella o que aún no se haya realizado la convocatoria.
Conociendo estas limitaciones, analizamos los datos oficiales de ejecución presentados por el gobierno.
Según recogen los informes de ejecución, de los 24.198 millones de euros que se presupuestaron en 2021, 20.044 millones de euros fueron clasificados posteriormente como obligaciones reconocidas (un 82% del presupuesto), y, finalmente, 11.003 millones de euros pasaron a ser pagos realizados (un 45% del presupuesto); entre dichos pagos se encuadran, por una parte, concesiones de subvenciones y licitaciones, y transferencias realizadas a CCAA, por otra.
En lo referente al año 2022, y a falta de la información correspondiente al mes de diciembre, los datos indican que se presupuestaron 28.459 millones de euros, de los cuales 15.743 fueron obligaciones reconocidas y 8.237 pagos realizados; por lo tanto, solo el 55% de los fondos presupuestados fue convertido en obligaciones, y solo el 28% fue pagado a sus destinatarios.
Fuente: Afi, Moncloa
El conjunto de obligaciones reconocidas en los años 2021 y 2022 acumula un total de 35.787 millones de euros, lo que equivale a un 51% del presupuesto total de 69.528 millones de euros del cual España disponía inicialmente.
Por último, y desglosando un poco más la forma en que se están utilizando estos fondos, en el tercer informe de ejecución publicado por el Gobierno se establece que las CCAA han recibido asignaciones por valor de 20.628 millones de euros, de los cuales, 15.544 proceden de las conferencias sectoriales y 5.084 proceden de subvenciones y convenios.
También se estima una ejecución de los fondos por parte de la Administración General del Estado -tanto en convocatorias, como en licitaciones- por valor de 19.200 millones de euros; las comunidades autónomas, por otro lado, habrían ejecutado, también por licitaciones y convocatorias, un total de 4.100 millones de euros.
Atendiendo a la información publicada, en conjunto, la AGE y las comunidades autónomas acumulan una ejecución (a fecha de 31 de diciembre de 2022) de un total de 23.300 millones de euros, de los cuales, 10.000 millones habrían ido a parar a empresas beneficiarias.